Si bien no se podría considerar a la Argentina como un país experto en materia de reciclaje, ya que está lejos de igualar a Europa o de siquiera llegar al promedio, si tiene ciertos aspectos que merecen ser destacados y que impulsan a la Argentina a mejorar sus números.
Aunque la Nación impulsa ciertos programas de reciclaje, es menester de cada provincia y municipalidad, elaborar planes de trabajo para impulsar el reciclaje y gestionar los residuos de manera más eficientes.
Tomando en cuenta el modelo de Córdoba, es posible destacar ciertos puntos. En primer lugar y más importante, existe el programa “Córdoba Limpia”. Los más de 3 millones de habitantes que conforman la provincia generan alrededor de casi 3000 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU). El 70% de la basura, es enviada a seis vertederos controlados (o también llamados rellenos sanitarios), donde los residuos son enterrados en fosas impermeabilizadas. El 30% restante se distribuye entre 300 basurales a cielo abierto diseminados entre las distintas localidades de la provincia. El problema aquí radica en la quema incontrolada de residuos, lo cual conlleva serios impactos ecológicos y riesgos ambientales. De todas formas, la Ley Provincial N° 9088 condena y prohíbe este tipo de hechos.
El motivo por el cual se utiliza más el sistema de vertederos controlados que el de la quema, es por su precio. Incinerar una tonelada cuesta más de $700 mientras que su contraparte, menos de $200.
Sin embargo, el programa “Córdoba limpia” estipula que los más de 300 basurales a cielo abierto se deberán ir disminuyendo su uso paulatinamente, para así recuperar estos predios y proceder a la construcción de sistema de vertederos controlados regionales. Además, junto a la “Secretaría de Ambiente” explican que para lograr las “regiones limpias”, se deberá capacitar y asesorar a las municipalidades de las localidades en todo el territorio provincial. De este modo se promoverá la: “gestión integral de los RSU haciendo hincapié en la regionalización de los sistemas de gestión, la racionalización de los sistemas de recolección y transporte, el tratamiento diferenciado de los residuos patógenos y peligrosos, y la reducción y recuperación de residuos a través de plantas de reciclado de materiales inertes (papel y cartón, vidrio, metales y plásticos) y el comportado/ lombricultivo de la fracción orgánica de los RSU”.
Por supuesto, los centros de disposición final de residuos estarán ubicados lejos de lugares residenciales, zonas turísticas, y de recarga de acuíferos (zonas serranas).
Otro detalle importante al cual menciona la ORDENANZA Nº 12648, es sobre los recuperadores urbanos que se encuentran la gran mayoría, fuera del sistema legal; razón por la cual se deberán insertarse formalmente en el Registro que la Municipalidad de Córdoba. Además, también estipula que “toda persona humana o jurídica que produce, detenta o gestiona residuos sólidos urbanos, está obligada a asegurar o hacer asegurar su tratamiento, disposición y/o eliminación conforme a las disposiciones vigentes”. En caso de no realizarse, se impondrán sanciones.
“Durante muchos años en nuestra ciudad no hubo control ambiental ni fiscalización de la normativa por parte de las industrias y de las empresas. Por eso, nuestro intendente creó el Instituto de Protección Ambiental y Animal para garantizar que se acomoden al cumplimiento de las normativas y mandatos ambientales” – Jorge Folloni, secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad municipal.
Con respecto al Covid-19 y a la gran cantidad de residuos peligrosos que genera diariamente, los cuales por estar contaminados no se pueden reciclar. Es por ello, que la ordenanza 2.686 explica que “deberán ser embolsados en bolsas de 40(cuarenta) a 50 (cincuenta) micrones, garantizándose la hermeticidad de las mismas, área colocarse en cajas de cartón corrugado”. Mientras que los millones de objetos punzantes (vacunas) serán colocadas en recipientes resistentes a golpes o perforaciones. Por último, mantener actualizado el “Registro Municipal de Generadores de Residuos Patógenos” en el que se anotaron miles de empresas generadoras de nuevos residuos como guantes o barbijos.
